Entre los Anales del Concejo de Bogotá en materia de proyectos acuerdo, apareció la semana pasada uno denominado “Por el cual se promueve e incentiva la movilidad urbana sostenible mediante el tránsito gradual a energía eléctrica no contaminante para vehículos, taxis, servicio público especial, motos y demás medios de transporte terrestre de carácter oficial y particular en el Distrito Capital”.

El tema ya había sido tratado en abril.

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El objetivo general es promover e incentivar el tránsito a una movilidad urbana sostenible en el Distrito Capital mediante el tránsito gradual a energía eléctrica no contaminante para vehículos, taxis, servicio público especial, motos y demás medios de transporte de carácter oficial y particular que circulan por el distrito capital, cumpliendo las disposiciones de la Ley 1964 de 2019.

En la edición 3572 de Anales del Concejo, el proyecto de acuerdo fue radicado bajo el número 460.

Fuente: Concejo de Bogotá

En la justificación se expone que en la ciudad capital circulan alrededor de 2,2 millones de vehículos.

De esa cifra, 52.400 son taxis, los cuales, a pesar de representar solamente el 2,38% del total de unidades, en cuanto al consumo de combustibles, su participación sube al 12,3%.

En consecuencia, los taxis en Bogotá despiden diariamente más de 2 toneladas de CO2 al aire.

El resto de los vehículos despiden más de 12.000 toneladas de CO2 al día: cuando se implementa en la ciudad el Día sin Carro, se reducen en 12.000 toneladas las emisiones de CO2 en Bogotá.

“Pero la contaminación producida por los motores de combustión no sólo es CO2; un taxi a gasolina de más de 6 años, que recorra 230 km al día –promedio en Bogotá-, le aporta a la atmósfera, además de unos 92 kg. de CO2, unos 460 gr. de Óxido Nitroso (N2O), 46 gr. de Metano (CH4), 1.380 gr. de compuestos volátiles, 9,2 Kg», cita el documento.

Y agrega: «De Monóxido de Carbono (CO). A esto se le sumaría la contaminación producida por los buses y vehículos de carga que operan con combustible fósil”,

La presentación considera urgente y prioritaria la elaboración -y pronta ejecución- de un plan de sustitución total del parque automotor operado por gasolina y diésel, en la ciudad de Bogotá, comenzando por los vehículos de servicio público.

A través de este la Alcaldía trabajaría en alianza con el gobierno, el sector bancario (créditos verdes, entre otros) y las empresas de transporte y demás involucradas, buscando la adjudicación de subsidios y créditos de bajo costo a los propietarios de los vehículos de combustión que realicen la transformación a eléctricos.

“Es indiscutible que los automotores que funcionan por combustión serán desplazados por aquellos que no generen emisiones contaminantes al ambiente», entiende el proyecto.

Luego, añade: «Es una realidad, que va a pasos acelerados en todo el mundo, por lo que debe comenzar en Bogotá, de inmediato, con los vehículos de transporte público, asimismo incentivar al resto de la ciudadanía a transformar sus autos a otras formas de energía más limpia –por ahora a eléctrica y luego a hidrógeno-, de igual forma incentivar la venta de estos vehículos en el Distrito”.

Y expone las siguientes preguntas con sus respectivas respuestas:

¿Se deberían reemplazar los taxis y demás vehículos operados por gasolina, diésel y/o gas, por vehículos eléctricos –o híbridos-?

La respuesta es afirmativa, pero se enfrenta a dos “obstáculos”:

• El primero, es que en Colombia este tipo de automóviles tiene precios muy elevados.
• El segundo es que, si no salen de circulación los vehículos reemplazados, se incrementarían enormemente los problemas de movilidad, y la contaminación seguiría incrementándose con el uso y desgaste de los vehículos de combustión.

¿Cuál podría ser, entonces, la solución?

Existen en Bogotá y Medellín, empresas dedicadas a la conversión de vehículos de combustión, a vehículos eléctricos.

Si bien este trabajo es costoso, su precio es mucho menor que el de un vehículo eléctrico nuevo, pues oscila entre 22 y 29 millones; pero representaría grandes beneficios, que veremos adelante.

Ahora bien, es de esperarse que, con la implementación de políticas e incentivos para la transformación, se incremente el número de empresas dedicadas a esto, lo que reduciría considerablemente los costos.

Respecto al impacto fiscal que implicaría, el documento indica: “Su financiación será a través de la implementación de Asociaciones Público-Privadas (APP) para el desarrollo del presente proyecto de acuerdo. El objetivo principal de estos proyectos es compartir costos, riesgos e ingresos entre socios públicos y privados”.