El Gobierno de Colombia concibe a la electromovilidad como una política pública que debe sostenerse. Esa mirada va en línea con los distintos planes que lanzó para impulsar la transición a vehículos eléctricos.

Entre las iniciativas más destacadas que tomaron forma este año están el Plan de Reindustrialización y el Fondo de Ascenso Tecnológico (FOPAT), los cuales buscan, entre otros objetivos, promover la producción de vehículos eléctricos en el país. 

Sin embargo, surge la pregunta de si estas políticas podrán sostenerse en el tiempo y si realmente representan un impulso efectivo para el desarrollo de una industria local competitiva.

¿Puede Colombia sostener esta transición en el tiempo? ¿Serán estos proyectos suficientes para sentar las bases de una industria de vehículos eléctricos con arraigo local y alcance global?

La efectividad de sus políticas y programas es, hasta el momento, una incógnita, especialmente si se considera el estado actual de la infraestructura y las barreras económicas que aún enfrentan los vehículos eléctricos.

Plan de reindustrialización: ¿Hacia una industria sostenible de vehículos eléctricos?

En enero, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia (MEM) anunció la reindustrialización de la movilidad eléctrica a través de la producción local y la reconversión laboral.

¿El motivo principal? La intención de explotar el potencial que tiene Colombia para producir y exportar vehículos eléctricos nuevos. 

Allí anunciaron trabajar en el despliegue de estaciones de carga y electrolineras a través de un Plan Maestro de Infraestructura de Carga 2024-2026.

Finalmente, hace unos días, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, presentó la estrategia nacional de carga para vehículos eléctricos y enfatizó en que la transición va de la mano de las empresas de carga que en este momento han sido empresas fósiles, por lo que se planea que las gasolineras o estaciones de servicio puedan pasarse a estaciones de energía.

Según fuentes del sector, el éxito del Plan de Reindustrialización depende, en gran medida, de reforzar los incentivos existentes y generar un entorno que priorice las inversiones para que los proyectos actuales permanezcan en el país.

Para la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), esto implica elaborar un “plan de reactivación que sector”, que incluya reducciones de impuestos, subsidios a todos los servicios conexos a la producción, devoluciones de impuestos por compras nacionales y exportación,  junto a criterios preferentes para la compra de bienes nacionales en el país bajo programas de incentivos a la renovación de flotas vehiculares.

Fondo de Ascenso Tecnológico: un recurso para la transición a la movilidad eléctrica

La reciente reglamentación del Fondo de Ascenso Tecnológico (FOPAT) también abrió nuevas preguntas: ¿qué pasa con el ensamble de vehículos eléctricos en el país? ¿Cómo deberían ser los  incentivos para potenciar a la industria nacional en torno a esta estrategia?

Entre algunas de sus medidas, El FOPAT  busca impulsar la transición energética del parque automotor y fortalecer la capacidad de ensamblaje de vehículos e infraestructura de carga en el país. 

Actualmente, el 14% del parque automotor en Colombia es de producción nacional, pero Karol Andrea García, directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, ve potencial para incrementar esta cifra. 

“Es posible que el Fondo nos permita aumentar la producción nacional de vehículos a un porcentaje mayor”, afirma en el marco de la Feria de Economías para la Vida.

El FOPAT está estructurado para beneficiar a sectores clave como carga pesada, carga liviana, taxis y transporte público.

Además, pretende ser una herramienta para facilitar la adopción de vehículos eléctricos en diferentes regiones, un proceso que la asesora de la Secretaría de Transporte de Cundinamarca, Deyanira Ávila, describe como “costoso, pero necesario”. 

Ávila afirma que este fondo representa “una oportunidad enorme” y destaca el esfuerzo que requiere comunicar los beneficios de los vehículos eléctricos a comunidades rurales y urbanas.

“Este fondo va más allá del discurso y la política; necesitamos herramientas concretas para que las personas puedan hacer esta transición, y sabemos que no es un proceso barato”, comenta. 

Según ella, el objetivo inicial es convencer a los usuarios sobre los beneficios a largo plazo, en aspectos como la reducción de emisiones y las ventajas en costos operativos, una tarea que además incluye llevar esta información a zonas rurales como Cundinamarca. 

El Gobierno Nacional, en colaboración con el Municipio de Soacha, ya firmó convenios para apoyar la transición en la flota de transporte de la Región Metropolitana.

Vale destacar que la disponibilidad de infraestructura de carga y el costo de adquisición de vehículos eléctricos siguen siendo un desafio. 

Fin de beneficios para vehículos híbridos: ¿un impulso para los eléctricos puros?

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo propuso un decreto que eliminaría los beneficios arancelarios para vehículos híbridos importados. 

Estos vehículos, que actualmente gozan de un arancel reducido del 5%, pasarían a pagar hasta un 35%, encareciendo su precio final.

La lógica gubernamental es clara: al desincentivar la tecnología híbrida, se promueve un entorno más favorable para los vehículos eléctricos puros, los cuales generan menores emisiones.

En el país, si bien los vehículos eléctricos crecen día a día, los híbridos siguen dominando el mercado. 

¿Esta estrategia será suficiente para que los consumidores den el salto definitivo a los vehículos eléctricos?

Fuentes consultadas por Mobility Portal Latinoamérica argumentan que los vehículos híbridos son considerados una «tecnología puente» y eliminarlos del esquema de beneficios podría dificultar el acceso de los consumidores a opciones más sostenibles en el corto plazo, sobre todo en zonas donde la infraestructura de carga aún es limitada.