A diferencia de otros países de la región, que priorizan la adopción de flotas de buses eléctricos sin abordar los impactos posteriores de su vida útil, Colombia ya aplica una legislación que establece responsabilidades claras para fabricantes, importadores y operadores en relación con la disposición final de baterías de ion-litio.

Según Oscar Delgado, integrante del Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT), la normativa colombiana establece condiciones para garantizar la trazabilidad, recuperación y reciclaje de componentes críticos. 

“Los nuevos materiales y desarrollos de baterías permiten predecir que su reciclabilidad está garantizada y la cadena de la circularidad está regulada por las normas de responsabilidad y gestión de residuos de aparatos electrónicos, desarrollada en la Ley 1672 del 2013 y en su Decreto Nacional 284 del 2018”, detalla.

Una ley pensada para la economía circular de baterías de buses eléctricos

La Ley 1672 de 2013 establece los lineamientos generales para la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en Colombia. 

Entre los productos cubiertos por esta ley se encuentran las baterías, tanto de equipos domésticos como de aplicaciones industriales y de movilidad.

El Decreto 284 de 2018 complementa esa normativa al establecer el marco técnico y operativo para la implementación del Sistema de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

Este sistema exige que los productores implementen planes de gestión, recolección y disposición final que cumplan con criterios ambientales y técnicos establecidos por el Ministerio de Ambiente.

Esta normativa implica que toda empresa que comercialice baterías o equipos que las incorporen debe registrar su actividad, presentar un plan de gestión y asumir los costos relacionados con la disposición y el reciclaje.

En el caso de los buses eléctricos, las disposiciones se aplican tanto a los fabricantes nacionales como a los importadores de vehículos completos o partes, incluyendo operadores de transporte público que incorporen buses eléctricos a sus flotas.

Buses eléctricos y trazabilidad de componentes

La incorporación de flotas eléctricas genera nuevas responsabilidades para los operadores, principalmente en el manejo del ciclo de vida de sus componentes. 

En particular, las baterías representan un desafío técnico y ambiental por el tipo de materiales que contienen y por su vida útil limitada.

La normativa vigente exige a los actores del sector presentar informes de trazabilidad y demostrar que las baterías fuera de uso no terminan en vertederos o se exportan sin control. 

Para ello, deben establecer convenios con empresas certificadas para el reciclaje o la reutilización de componentes, y documentar los procesos ante las autoridades competentes.

En Bogotá, donde operan actualmente cientos de buses eléctricos, estos requerimientos ya están en ejecución.

Los operadores de transporte vinculados al sistema TransMilenio deben cumplir con lo establecido en los contratos de concesión, que incluyen cláusulas sobre la gestión ambiental de residuos especiales.

El seguimiento a estas obligaciones forma parte de los procesos de verificación que realiza la Secretaría Distrital de Ambiente y otras entidades encargadas del control ambiental urbano.

Perspectivas regulatorias y nuevos desarrollos

El marco normativo colombiano se encuentra bajo evaluación para incluir nuevas categorías de residuos derivados de la electromovilidad. En particular, se prevé la actualización del listado de RAEE regulados, incorporando tipos específicos de baterías de vehículos eléctricos, como aquellas con química LFP o NMC.

También se analizan propuestas para establecer incentivos fiscales a empresas que inviertan en infraestructura de reciclaje y economía circular. Estas medidas buscarían acelerar el desarrollo de capacidades nacionales, reducir la dependencia de operadores extranjeros y generar empleo local en sectores asociados a la transición energética.

Oscar Delgado señala que el avance tecnológico de las baterías también influirá en los requerimientos regulatorios: “A medida que se desarrollen baterías con ciclos de vida más largos y mayor eficiencia de reciclado, las normas deberán adaptarse para facilitar su reincorporación al sistema productivo”.

Impacto en los compromisos climáticos

La correcta disposición de baterías no solo responde a una preocupación ambiental, sino que incide directamente en los compromisos climáticos del país. Las emisiones asociadas a la producción, uso y disposición de baterías representan una parte del ciclo completo de vida de los buses eléctricos, y su gestión determina la huella de carbono final de estos vehículos.

En los estudios realizados por C40 Cities e ICCT en el marco de la iniciativa ZEBRA, se incluyó el análisis de estas emisiones en el modelo de evaluación ambiental.

La conclusión fue que, incluso considerando las emisiones asociadas a la fabricación y reciclaje de baterías, los buses eléctricos generan un 73% menos emisiones de CO2 equivalente en comparación con buses a diésel o gas natural.

Esta diferencia reafirma la necesidad de complementar la electrificación con políticas que aseguren una economía circular efectiva, basada en la reutilización de materiales y la reducción del impacto ambiental a lo largo de toda la cadena de valor.