En un país que ya cuenta con una ruta eléctrica, con un incentivo de tasa consular y otros de categoría municipal para vehículos eléctricos y donde entidades bancarias están trabajando en la posibilidad de entregar créditos verdes para nuevos jugadores que buscan insertarse en el mercado de la electromovilidad.

Se trata de actores privados que por sus características de modelo de negocio y superficie tienen la oportunidad de ofrecer en sus dependencias cargadores de acceso público. Es el caso de, por ejemplo, shoppings, estacionamientos, restaurantes, supermercados y comunitarios en edificios.

Al respecto, el Ingeniero Juan Zorrilla de San Martín, Socio Director de Prosepac menciona a Portal Movilidad: “Las consultas que estamos teniendo están dirigidas de ese público, sobre todo de shoppings y parkings”.

La empresa que ofrece productos de su proveedor europeo Circontrol con quienes colaboraron para el desarrollo y el diseño de un sistema de carga que cumpla con los requerimientos del país, afirma que las perspectivas de mercado son interesantes en el desenvolvimiento del sector privado de acceso público.

“Están viendo que tener un cargador en su estacionamiento es un servicio que el cliente puede apreciar”, comenta Juan Zorrilla de San Martín.

La firma también indica que es opción tanto para estos casos como para particulares la carga rápida en corriente continua que ofrece en todas las gamas de potencia y de bajo costo.

Cabe aclarar que en Uruguay de momento no existe reglamentación para instalación de infraestructura de carga en los lugares con las características antes mencionadas.

No obstante, se sabe que se está trabajando en una normativa que regule estas cuestiones. De esta tarea están a cargo la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) y Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA).

Se estima que antes de fin de año puede ponerse en consulta pública la regulación que tendría alcance para la instalación de cargadores en lugares de acceso público y espacios comunes.

Es decir, que al no estar prohibido este tipo de prácticas, de momento se realizan sin demasiadas barreras y, por ejemplo, la semana pasada un reconocido supermercado inauguró un punto de carga en su estacionamiento.

De concluirse la normativa se legislarían aspectos que los instaladores de cargadores ya aplican como prácticas comunes en relación a seguridad, organización de instalación y puede llegar a tener su espacio el tema de la conexión a la red pública.