Argentina logró duplicar las ventas de vehículos electrificados en 2024, alcanzando un récord histórico de 14.175 unidades patentadas entre enero y diciembre. Pero mientras los concesionarios celebran, un dato pone en alerta a todo el ecosistema de la movilidad sostenible: entre 2021 y 2024, se registraron apenas 364 cargadores de acceso público en el país.

Esto implica una proporción preocupante: existe un cargador disponible por cada 39 vehículos electrificados vendidos.

La mayoría de los cargadores se concentran en grandes ciudades o corredores turísticos, como el trayecto Buenos Aires-Mar del Plata. En tanto, el interior del país sigue siendo un «desierto eléctrico», sin infraestructura suficiente para sostener la promesa de la electromovilidad.

Este desequilibrio genera un freno silencioso: el temor a quedarse sin energía desalienta a muchos compradores potenciales, mientras que quienes ya apostaron por el cambio deben planificar sus trayectos con extrema precaución.

Si bien esto es un virtual techo de cristal al crecimiento de la electromovilidad en Argentina, es una ventana de oportunidad para los negocios.

Dificultades para la expansión de la infraestructura de carga

Desplegar una red de carga no es sencillo. La falta de economías de escala en el mercado argentino encarece cada instalación. Además, las limitaciones de la red eléctrica —especialmente fuera de los grandes centros urbanos— dificultan la incorporación de cargadores rápidos o ultrarrápidos.

A esto se suman trabas burocráticas: permisos municipales, habilitaciones provinciales y exigencias técnicas variables que ralentizan los proyectos. Sin una estrategia pública coordinada, los esfuerzos se dispersan en iniciativas privadas fragmentadas.

Comparado con los estándares internacionales, el rezago es notorio. Mientras Europa se fija como meta tener un cargador público cada 10 vehículos eléctricos para 2030, Argentina se mantiene muy por debajo de ese horizonte.

Normativas vigentes: oportunidades desaprovechadas

El tan esperado Proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable permanece estancado en el Congreso desde 2021. Esta ley podría haber establecido un marco de reglas claras para el despliegue de infraestructura, impulsando la inversión privada y fijando estándares técnicos comunes. Su ausencia se siente cada vez más en un mercado que demanda previsibilidad.

Federico Szturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina

Por otro lado, el gobierno de Javier Milei eliminó el Registro Nacional de Infraestructura de Carga, iniciativa dependiente de la secretaría de Energía. Esto fue leído por el sector privado como una oportunidad de rebajar la carga burocrática, pero no como un incentivo o como un empuje a la movilidad sostenible.   

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Expertos coinciden en que, sin un marco regulatorio específico, el crecimiento de la infraestructura de carga seguirá atado a la buena voluntad de unos pocos pioneros. Además, la falta de políticas energéticas que refuercen la capacidad de la red eléctrica amenaza con convertirse en el próximo gran obstáculo.

Un futuro en suspenso: ¿avance o retroceso?

La duplicación de ventas de vehículos electrificados en 2024 confirma que existe interés, oferta y demanda en ascenso. Pero sin una infraestructura de carga robusta, el sueño de una movilidad más limpia corre el riesgo de convertirse en una promesa incumplida.

La próxima década será decisiva. Si Argentina logra desplegar una red amplia, accesible y eficiente, podrá consolidarse como un actor relevante en la transición energética regional. Si no, podría quedar atrapada en un escenario de crecimiento limitado y oportunidades desperdiciadas.

La ecuación es simple: sin cargadores, no hay futuro eléctrico posible.