En octubre del año pasado, el Ministerio de Minas y Energía presentó la Estrategia Nacional de Carga para Vehículos Eléctricos como parte del plan de transición energética. 

Se anunció un portafolio de inversión de 81 billones de pesos destinado a proyectos que incluyen estaciones de recarga.

Fuentes consultadas por Mobility Portal Latinoamérica indican que aún no se materializaron acciones concretas en infraestructura. Sin embargo, se definieron modelos de negocio para cerrar la brecha en la disponibilidad de cargadores.

El Ministro de Minas y Energía destacó que la infraestructura de carga debe ser interoperable, de modo que cualquier vehículo eléctrico pueda utilizarla. 

Además, se busca que las gasolineras tradicionales evolucionen a estaciones de energía y se adapten al nuevo ecosistema de movilidad.

En términos generales, la expectativa del sector gira en torno a las definiciones sobre los mecanismos de financiamiento y la regulación para avanzar en el despliegue de estaciones.

Diagnóstico actual de la infraestructura de carga en Colombia

El país cuenta actualmente con un ratio de un cargador cada 33 vehículos eléctricos. Esta proporción refleja la necesidad de fortalecer la red de estaciones de recarga. La expansión de la infraestructura requiere inversiones significativas y un esquema de financiamiento sostenible.

El Ministerio de Minas y Energía, con el apoyo del Banco Mundial y Deloitte, identificó tres enfoques principales de inversión para impulsar el despliegue de la red de carga: inversión pública, participación privada y modelos de asociación público-privada.

¿Cuáles son los modelos de inversión presentados para infraestructura de carga?

La implementación de cada modelo dependerá de las condiciones de cada zona y de la demanda proyectada de vehículos eléctricos.

Inversión pública: el Estado como promotor inicial

El modelo público propone que el Estado financie la infraestructura en áreas donde la inversión privada no sea viable. A través de fondos estatales y subsidios, se instalan cargadores en regiones estratégicas para garantizar una cobertura nacional.

Este esquema resulta clave en la etapa inicial del mercado, cuando la adopción de vehículos eléctricos aún es baja y no hay suficiente volumen de usuarios para garantizar la rentabilidad del negocio.

La dependencia del presupuesto público y la burocracia en la implementación pueden ralentizar el proceso.

Inversión privada: el mercado como impulsor del crecimiento

El modelo de inversión privada se basa en la participación de empresas del sector energético y de movilidad. Los operadores asumen la inversión y la gestión de la infraestructura con el objetivo de recuperar costos a través de tarifas de uso y servicios adicionales.

Este enfoque permite una expansión más rápida y eficiente, con operadores que priorizan la innovación tecnológica. No obstante, la inversión suele concentrarse en zonas de alta demanda, como grandes ciudades y corredores estratégicos, lo que deja fuera regiones con menor rentabilidad.

Además, el esquema de tarifas puede generar barreras de acceso para ciertos usuarios.

Modelo mixto: asociación público-privada para un desarrollo equilibrado

El modelo de asociación público-privada combina la inversión estatal con la participación de empresas privadas.

El Gobierno financia la instalación de infraestructura básica, mientras que los operadores privados se encargan de la gestión y el mantenimiento de las estaciones.

Se pueden establecer contratos de concesión, en los cuales las empresas invierten en el desarrollo de cargadores a cambio de derechos de explotación por un período determinado.

Este esquema garantiza una cobertura más amplia sin depender completamente de recursos estatales.

Sin embargo, su éxito depende de marcos regulatorios claros, que eviten la concentración del mercado en pocos actores y garanticen una competencia justa.

En ciudades principales, donde la electromovilidad ya tiene un avance significativo, la infraestructura de carga puede ser financiada mayoritariamente por el sector privado con incentivos fiscales que faciliten la inversión.

En ciudades intermedias, la combinación de inversión pública y privada permitirá asegurar la expansión de la red sin que las tarifas sean una barrera para los usuarios.

En las zonas de baja densidad poblacional, donde la rentabilidad del negocio es menor, será necesario que el Estado juegue un papel central en la financiación.