California ha presentado una demanda contra la administración del presidente Donald Trump, impugnando su reciente decisión de eliminar las normativas estatales que favorecen los autos eléctricos.

Esta acción legal tiene lugar después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara en mayo una resolución para poner fin a las regulaciones que promovían los autos de cero emisiones en el estado.

La disputa marca otro capítulo en el enfrentamiento entre la administración republicana y los estados demócratas sobre las políticas medioambientales.

En 2022, California aprobó una ley que exige que todos los vehículos nuevos vendidos en el estado sean de «cero emisiones» para el año 2035.

Este ambicioso objetivo de transición energética no es único de California; varios estados gobernados por el Partido Demócrata han adoptado metas similares.

Sin embargo, la administración de Trump y su Partido Republicano se han opuesto rotundamente a estas regulaciones, lo que ha llevado a un fuerte enfrentamiento en los tribunales.

El fiscal general de California, Rob Bonta, se pronunció con firmeza contra la resolución presidencial, calificando la medida como un peligro para el bienestar del estado.

«La agenda divisiva y partidista del presidente pone en peligro nuestras vidas, nuestra economía y nuestro medio ambiente», afirmó Bonta, destacando el impacto negativo que tendría la anulación de las políticas de autos eléctricos en la salud pública y la sostenibilidad.

El impacto en la industria  de autos eléctricos

El presidente Trump, un conocido escéptico del cambio climático, firmó el jueves la resolución que pone fin a las políticas que favorecían la adopción de autos eléctricos.

En un evento en la Casa Blanca, Trump declaró: «Salvamos oficialmente a la industria automovilística estadounidense de la destrucción», refiriéndose a la resolución como un triunfo para los intereses de la industria petrolera y los fabricantes de automóviles tradicionales.

Esta resolución no solo desafía las normativas ambientales de California, sino que también se enfrenta al objetivo establecido por el presidente demócrata Joe Biden, quien planeaba que el 50% de las ventas automotrices en Estados Unidos fueran de autos eléctricos para 2030.

Trump, quien ha defendido la industria del petróleo durante su campaña de 2024, optó por dar marcha atrás en las metas de transición energética propuestas por su predecesor.

Las implicaciones de la resolución presidencial

El conflicto no solo tiene repercusiones legales y políticas, sino también económicas. California, con una población de aproximadamente 40 millones de personas, representa una parte significativa del mercado automotriz de Estados Unidos.

El fin de las políticas que fomentan los autos eléctricos podría ralentizar la adopción de tecnologías limpias en el estado y en otros estados que siguen sus políticas.

El vínculo entre Elon Musk y Donald Trump está roto.

Además, las resoluciones firmadas por Trump representan un revés para Tesla, ya que California es uno de los principales mercados de vehículos eléctricos.

Con casi 40 millones de habitantes, el Estado Dorado influye en el 40% del mercado automotor de EE.UU. Mientras tanto, 11 estados planeaban imitar las reglas de California.

Esta disputa pone de relieve la creciente polarización sobre el futuro de la movilidad eléctrica en el país.

Mientras que California y otros estados buscan reducir su huella de carbono mediante la electrificación del transporte, la administración Trump sigue priorizando el desarrollo de fuentes de energía tradicionales, como el petróleo y el gas natural en detrimento de los autos eléctricos.

La batalla legal continúa

El fiscal general Rob Bonta dejó en claro que California continuará luchando en los tribunales para defender sus políticas medioambientales.

«Es imprudente, es ilegal y, por ello, volveremos a ver a la administración Trump en los tribunales por vigésima sexta vez», afirmó Bonta, reiterando el compromiso de su oficina de seguir impugnando este tipo de acciones del gobierno federal.