En 2019, las baterías representaban entre el 35% y el 40% del costo total de un bus eléctrico, lo que hacía que los vehículos eléctricos fueran aproximadamente 2.5 veces más caros que los de combustión interna, especialmente en el transporte público.
Sin embargo, hoy ese porcentaje cayó entre el 23% y el 27%, una disminución que redujo la brecha de costos entre los buses eléctricos y los tradicionales de combustión.
Diego González, consultor en Electromovilidad, explica a Mobility Portal Latinoamérica cómo esta disminución de precios es un factor clave en la competitividad de los buses eléctricos.
«La caída del costo de las baterías permite que los buses eléctricos sean cada vez más accesibles, haciendo que el mercado sea más atractivo, especialmente cuando se consideran los beneficios operativos a largo plazo», afirma González.
Impacto en la competitividad: el fin de la brecha entre los buses eléctricos y de combustión interna
Los precios más bajos de las baterías están nivelando el campo de juego y reduciendo la diferencia en los costos iniciales, una de las barreras más grandes para la adopción de la electromovilidad.
Además de esta reducción, González señala que los incentivos fiscales y los impuestos diferenciales en países como Colombia también están favoreciendo a los buses eléctricos.
«El IVA para vehículos eléctricos es mucho menor que el de combustión interna, y los aranceles también son cero, lo que reduce el costo adicional de adquisición», agrega.
En este sentido, el costo inicial de un bus eléctrico sigue siendo considerable, pero las diferencias con los de combustión interna ya no son tan marcadas.
Según González, «un bus eléctrico de 9 metros puede costar entre 180.000 y 230.000 dólares, mientras que un bus de combustión interna, aunque más barato inicialmente, puede llegar a un costo más alto una vez se le suman los impuestos y aranceles».
Infraestructura de carga: Un desafío clave para la adopción masiva
Sin embargo, aunque el costo de los vehículos eléctricos está bajando, la infraestructura de carga sigue siendo un reto importante para la expansión del mercado en Colombia.
La falta de estaciones de carga en algunas zonas y la necesidad de aumentar la capacidad de la red eléctrica son obstáculos que deben ser resueltos para acelerar la transición hacia los buses eléctricos.
En cuanto a la infraestructura de carga, González destaca que «la disponibilidad de puntos de carga es fundamental para el crecimiento de la flota de vehículos eléctricos».
Además, la infraestructura no solo debe ser suficiente, sino también estratégica. La infraestructura eléctrica en áreas urbanas de estratificación baja, donde se encuentran la mayoría de los usuarios de transporte público, debe ser adaptada para soportar la electrificación del transporte masivo.
Sin una infraestructura adecuada, los vehículos eléctricos no podrán alcanzar su pleno potencial.
Beneficios económicos y ambientales: Más allá de la inversión inicial
A pesar de la barrera inicial de los costos de adquisición, los beneficios económicos y ambientales a largo plazo son uno de los principales motores de la adopción de los buses eléctricos.
González señala que el costo operativo de un bus eléctrico (OPEX) es significativamente menor que el de un bus de combustión interna.
«Los vehículos eléctricos tienen menos piezas móviles, lo que reduce la necesidad de mantenimiento y aumenta la fiabilidad. No hay que cambiar aceite, no hay filtros que reemplazar, ni componentes mecánicos complejos que fallen con frecuencia», menciona.
Además, la reducción de las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes es un factor clave que impulsa la transición hacia la electromovilidad. Según González, el transporte masivo eléctrico ayuda a reducir la huella de carbono de las ciudades, lo que es un objetivo fundamental para Colombia, especialmente en el contexto de los compromisos globales de reducción de emisiones.
Políticas públicas y legislativas: El marco regulatorio para la transición
El papel del gobierno colombiano en la transición hacia los buses eléctricos también es fundamental. Aunque el país ha implementado algunas políticas que favorecen la adopción de vehículos eléctricos, González señala que aún hay áreas en las que la legislación podría avanzar. «Es importante que las políticas públicas no solo se queden en el papel, sino que también garanticen el cumplimiento de la infraestructura y el soporte necesario para las flotas eléctricas», destaca.
En Colombia, la legislación ha avanzado en términos de incentivos fiscales y arancelarios, pero la infraestructura energética no siempre ha seguido el mismo ritmo. Esto implica que el gobierno, especialmente las empresas de energía estatal, deben comprometerse a mejorar las redes de distribución eléctrica en áreas donde se espera que haya una mayor concentración de buses eléctricos.