En el 2023, Medellín debía llegar a 130 buses eléctricos, aunque en la actualidad tiene solo 69 en circulación. La pregunta es sencilla: ¿Qué es lo que frena a Colombia para avanzar en la incorporación de transporte público cero emisiones?

Es en ese dilema que Juan Esteban Martínez, consultor con un amplio recorrido en el sector de transporte e infraestructura, señala la necesidad de un Fondo de Estabilización Tarifaria.

“Definitivamente, esta herramienta, junto con la voluntad política y la constitución de estos fondos, es crucial para facilitar esta transición”, argumenta sobre el rol del Gobierno Nacional y los gobiernos locales.

¿Cómo se explica su importancia para la electromovilidad? El fondo tarifario regional representa la mejor apuesta que un gobierno local puede hacer para alcanzar este objetivo, incluyendo la mejora en la calidad del servicio, que “naturalmente” implica la transición a una flota eléctrica, indica Martínez.

“De hecho, esta flota eléctrica es la herramienta más efectiva que tenemos en estos tiempos recientes para mejorar dicha calidad”, subraya.

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En cuestión de transporte, una de las principales diferencias de Medellín con Bogotá, es que en la capital colombiana el transporte público está concesionado y el Fondo Tarifario cubre el 100% de los costos.

Mientras que, en Medellín, solo existen dos concesiones que alimentan el sistema de buses BRT. En este sistema, el Fondo Tarifario existe solo en una pequeña parte, en su sistema alimentador, que es financiado por el municipio de Medellín.

En esa ecuación quedan fuera el resto de los municipios y allí tiene un papel crucial el Área Metropolitana, que actúa como autoridad de transporte y ambiental de la Región Metropolitana.

“El Área Metropolitana debe comenzar a organizar la constitución del fondo para iniciar la transición hacia buses de cero emisiones en todo el transporte público del área ¿Qué sucede con los otros municipios que no tienen concesiones? Aquí es donde tanto la ciudad como el área metropolitana deben ser creativos”, advierte.

Martínez detalla dos opciones: sacar a licitación el resto del transporte o diseñar una estrategia técnica, legal y financiera para establecer un fondo que pueda extenderse al transporte público no concesionado. 

“Esta última opción aún no existe en Colombia, pero según mis conversaciones con el secretario de Movilidad y otros expertos técnicos que comprenden la importancia del fondo, ya se están estudiando posibles formas de implementarlo”, revela.

La iniciativa debe ser aprobada por todos los alcaldes en la Junta del Área Metropolitana para avanzar hacia una movilidad cero emisiones.

En cuanto a la financiación por parte del Gobierno Nacional, considera que “sería un avance significativo”, pero es difícil, ya que ni siquiera en Bogotá cuentan con dicho recurso.

En tanto, el financiamiento debería estar a cargo de entidades locales, aportando mediante tarifas al usuario, cobros por congestión y zonas de parqueo. 

“Todos estos elementos de gestión de la demanda deben sumar recursos para alimentar este fondo. Debería estar financiado por estas entidades públicas y por medidas de gestión de la demanda”, comenta.

Sobre los plazos estimados para que se convierta en una realidad, agrega: “Tengo esperanza de que se materialice en el corto plazo, ojalá antes de los cuatros años que dura esta administración”.

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Sobre Juan Esteban Martínez

Tiene una amplia trayectoria en el sector público en Colombia, enfocándose en áreas de transporte e infraestructura, medio ambiente y desarrollo urbano.

Participó de proyectos como la reorganización del transporte público metropolitano, la expansión del programa Encicla, el diseño y aprobación del Plan Metropolitano de la Bicicleta.

Además, se desempeñó como subdirector de Movilidad del Área Metropolitana y como secretario de Movilidad.