El proyecto de ley 497/25 propone deducciones en el impuesto sobre la renta para personas físicas y jurídicas que inviertan en infraestructura de carga, energías renovables y microrredes, como parte de un paquete de incentivos para inversores.

Presentada por el diputado federal Vicentinho Júnior (PP-TO), que contempla beneficios fiscales para personas físicas y jurídicas que inviertan en cargadores eléctricos, sistemas de generación renovable y tecnologías de almacenamiento energético.

“El texto incentiva la descarbonización del transporte, contribuyendo al desarrollo sostenible y la soberanía energética de Brasil”, sostuvo el legislador en la justificación del proyecto.

Incentivos: deducciones impositivas para individuos y empresas

Según el articulado, la iniciativa busca crear condiciones atractivas para que más emprendedores e inversionistas apuesten por el desarrollo

El Diputado Vicentinho Junior, autor del proyecto de incentivos eMobility.

de redes de carga pública.

La propuesta establece que las personas físicas podrán deducir hasta un 10% del valor invertido en infraestructura elegible, directamente de su renta imponible.

Las personas jurídicas, registradas bajo el régimen de lucro real, podrán deducir hasta un 15% del impuesto sobre la renta debido.

Esta estructura impositiva busca activar tanto a inversionistas individuales como a empresas del sector energético, inmobiliario y tecnológico, que tengan interés en ampliar la red de abastecimiento para electromovilidad.

¿Qué inversiones serán deducibles?

La propuesta detalla una lista de inversiones elegibles para acceder a los incentivos:

• Instalación de cargadores de acceso público para vehículos eléctricos.
• Implementación de sistemas de energía solar o eólica compartida en condominios residenciales o comerciales.
• Adquisición e instalación de baterías de almacenamiento para energías renovables en sistemas colectivos.
• Creación de microrredes eléctricas locales, abastecidas exclusivamente por fuentes limpias.

El proyecto destaca que estos mecanismos podrían viabilizar soluciones energéticas descentralizadas, con impacto directo en la resiliencia eléctrica de comunidades urbanas y rurales.

Una red de carga que no avanza al ritmo del mercado

En los últimos años, Brasil ha visto un crecimiento significativo en la adopción de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Sin embargo, la infraestructura de carga pública no acompaña este dinamismo.

De acuerdo con datos sectoriales, aunque muchos propietarios instalan cargadores en sus viviendas, la falta de puntos en rutas y espacios públicos sigue siendo una de las principales barreras para el uso generalizado de VE.

“Hoy, el problema no es la oferta de autos eléctricos, sino la escasa confianza para viajes largos. La red de carga aún es limitada y concentrada en zonas urbanas de alto poder adquisitivo”, afirman desde asociaciones del sector.

En este contexto, el proyecto de ley se alinea con la necesidad de equilibrar la expansión del parque vehicular eléctrico con un ecosistema de carga robusto y accesible en todo el país.

Tramitación legislativa: próximo paso en comisiones

El proyecto de ley 497/25 deberá ser analizado en primera instancia por las comisiones de Finanzas y Tributación, y de Constitución, Justicia y Ciudadanía en la Cámara de Diputados.

De ser aprobado, pasará al Senado Federal, donde será sometido a nueva revisión. En caso de obtener dictamen favorable en ambas cámaras, la medida será promulgada y convertida en ley nacional.

Analistas legislativos consideran que la propuesta tiene posibilidades de avanzar, especialmente en un contexto donde el Gobierno Federal promueve otros incentivos como el Programa MOVER, que impulsa la innovación automotriz con criterios de sostenibilidad.

Para diversos actores del ecosistema de movilidad eléctrica, este proyecto podría destrabar uno de los grandes cuellos de botella del sector: la escasa rentabilidad de las estaciones de carga en etapas iniciales.

“El retorno de la inversión en cargadores es lento, y sin incentivos fiscales cuesta justificarlo en muchas zonas del país. Este tipo de incentivos puede marcar la diferencia y acelerar el despliegue”, sostienen desde gremios del sector.

La medida también podría fomentar alianzas público-privadas, cooperativas energéticas, y modelos comunitarios de producción y consumo eléctrico, ampliando la base de usuarios e inversores.