El diputado provincial de Santa Fe y presidente del Bloque Socialista, Joaquín Blanco, es el creador de la ley que fomenta la producción de vehículos propulsados por energías alternativas y que estipula la creación de un Plan Provincial de Impulso a la Movilidad Eléctrica.
Si bien la normativa se aprobó en 2018 por unanimidad de ambas cámaras y se reglamentó a los seis meses, aun no se creó un plan que determine qué acciones deberían llevarse adelante.
“Durante el gobierno de Miguel Lifschitz este tema tuvo gran impulso. Fuimos una provincia pionera en contar con una ley de este tipo, la cual está en plena vigencia. Pero, en la gestión de Omar Perotti la electromovilidad desapareció de la agenda pública”, lamenta Blanco.
Y explica en diálogo con Portal Movilidad: “El cambio de gobierno fue tremendo. Santa Fe perdió más de tres años en lo que tiene que ver con el avance de la electromovilidad”.
Vale mencionar que algunos aspectos contemplados en la normativa si fueron tomados en cuenta durante la gestión actual, como la exención del pago de patentes para autos eléctricos e híbridos.
Sin embargo, el diputado reconoce que “aparecieron inconvenientes a la hora de poder efectivizar esta cuestión a través de la API”.
“No hubo una decisión política por parte del gobierno de Perotti en profundizar aquello que plantea la ley”, remarca Blanco.
Lo cierto es que, en uno de los primeros artículos, la norma establece la necesidad de que Santa Fe cuente con un plan de movilidad eléctrica que tome en consideración la transformación de la industria autopartista y el apoyo al desarrollo de la tecnología.
Para el presidente del Bloque Socialista, el “principal pecado” no fue solamente “hacer desaparecer el tema de la agenda”, sino también no cumplir con el principal aspecto de la ley que es crear un plan con objetivos a largo plazo.
“A mí, que soy el autor de la normativa, me da mucha bronca porque veo que, nuevamente, la electromovilidad es determinar si una empresa china se situará en determinado lugar. Parece que lo único que tenemos para ofrecer es hacer lobby para que una extranjera se instale en nuestro territorio y no elija otro”, comenta Blanco.
Y adelanta a Portal Movilidad: “Estamos trabajando para que, en caso de que haya un cambio de gobierno, a partir de diciembre volvamos a retomar la movilidad eléctrica como política de Estado”.
¿Qué contempla la ley de electromovilidad creada por Blanco?
La normativa tiene en cuenta cuatro puntos en los cuales se debería trabajar.
El primero tiene que ver con el rol de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE), que cumple un papel fundamental en lo relacionado a la infraestructura de carga.
“Queríamos que ejerciera un lugar de rectoría a nivel provincial y no que las petroleras, a través de estaciones de servicios, definan dónde y cómo poner cargadores en función de su política de marketing o de su competencia”, sostiene el diputado.
En este sentido, la ley propone que se realice un plan integral donde la EPE garantice la cobertura en las grandes vías troncales de Santa Fe.
“Ellos tienen el monopolio de la distribución de la energía en la provincia. Entonces, cuando una petrolera quiera instalar un punto, sí o sí necesitará del aval de la EPE”, explica.
El segundo es sobre la promoción industrial, proponiendo trabajar de la mano de empresas autopartistas en el desarrollo de nuevos mecanismos para la electromovilidad.
“Trabajamos con varias compañías tradicionales, como Basso S.A., que siempre se dedicaron a autopartes de motores a combustión interna y que entienden, dado el cambio social y tecnológico que se viene, que necesitan reconvertirse para no quedar excluidos”, reconoce Blanco.
El tercero consiste en apoyar la investigación aplicada.
“Hay que tener una pata de financiamiento fuerte para que haya investigación aplicada en Santa Fe y, de esta forma, no depender totalmente de las tecnologías extranjeras. Tenemos que ver de qué manera podemos vincular nuestra tradición autopartista con el desarrollo tecnológico local”.
Finalmente, el cuarto aspecto contemplado en la ley es sobre la formación en el sistema educativo.
Por un lado, la norma establece que en las escuelas primarias se debe enseñar sobre movilidad sustentable y cambio climático.
Por el otro, determina que en las escuelas secundarias técnicas se tiene que realizar formación en electromovilidad.
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