La administración Biden y los fabricantes de automóviles están en las etapas finales de la negociación sobre nuevas y ambiciosas reglas para acelerar la transición a los vehículos eléctricos que podría costar miles de millones a los fabricantes de automóviles de Detroit y alimentar un choque en un año electoral sobre la política climática.

La Casa Blanca podría promulgar regulaciones propuestas por la Agencia de Protección Ambiental tan pronto como en marzo que exigirían reducciones dramáticas en las emisiones de los tubos de escape.

La propuesta de la administración requeriría aumentar la participación en el mercado de vehículos eléctricos de EE. UU. al 67% para 2032 desde menos del 8% en 2023.

General Motors, Ford y Stellantis – la matriz europea de Ram y Jeep, con sede en EE. UU. – han advertido que no pueden realizar una transición rentable de sus flotas estadounidenses de camiones pesados ​​tan rápidamente, según un análisis de Reuters de los datos de ventas de los fabricantes de automóviles y una revisión de los comentarios a los reguladores.

El United Auto Workers, que representa a unos 146.000 trabajadores de los Tres de Detroit, ha respaldado a Biden para la reelección. Pero el sindicato ha dicho a la administración que su impulso a favor de los vehículos eléctricos pone en riesgo los empleos.

Los fabricantes de automóviles respaldaron un objetivo anterior de la administración de aumentar los vehículos eléctricos al 50% de las ventas de vehículos nuevos para 2030.

Grupos que representan a los concesionarios de automóviles se han sumado a las críticas a objetivos más ambiciosos, citando la desaceleración en el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos.

La Alianza para la Innovación Automotriz, que representa a los Tres de Detroit y otros fabricantes de automóviles establecidos, dijo que las propuestas podrían exponer a los fabricantes de automóviles estadounidenses a multas de 14 mil millones de dólares por no alcanzar los objetivos de CO2.