A decir verdad, los beneficios fiscales en estos tres países latinoamericanos presentan un mosaico de estrategias y desafíos, algunos más efectivos que otros.

Por eso, Mobility Portal Latinoamérica desglosa cada punto para entenderlo en profundidad.

Brasil

En Brasil, las leyes y regulaciones sobre incentivos fiscales para vehículos eléctricos son numerosas y varían según el estado y municipio. 

A nivel federal, los vehículos eléctricos están libres del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) y del Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS). 

Además, existen programas de incentivos fiscales para tecnologías limpias, y en 2015 el gobierno impulsó un subsidio de arancel cero para la importación de autos eléctricos. 

Este movimiento convirtió al gigante sudamericano en el mayor mercado de América Latina, con 93.927 vehículos eléctricos e híbridos matriculados en 2023, y se estima que las ventas aumenten un 60% este año.

Sin embargo, el Ministerio de Fomento, Industria, Comercio y Servicios (MDIC) de Brasil anunció en enero la vuelta del impuesto a la importación. 

La resolución establece la reanudación gradual de las tasas y crea cuotas iniciales para las importaciones exentas hasta 2026, cuando la tasa alcanzará el 35%, igual que para los vehículos de combustión. 

Por otro lado, entre las políticas destacadas de Brasil se encuentra el programa MoVer, que reemplaza al viejo Rota 2030, promoviendo la expansión de las inversiones en eficiencia energética y ofreciendo incentivos fiscales para que las empresas inviertan en el país.

Lula firmó a fines de marzo una ordenanza para conceder licencias a empresas del sector automotriz y créditos financieros para apoyar la descarbonización. 

También, se promueven desgravaciones impositivas en función de la huella ambiental, incorporando el cálculo de las emisiones desde la fuente de energía hasta su consumo vehicular.

México

Aunque México no es conocido por tener una amplia gama de beneficios para la eMobility, sí cuenta con algunos incentivos fiscales que valen la pena destacar.

Por ejemplo, la Ley del Impuesto sobre la Renta permite una deducción de hasta 250.000 pesos mexicanos sobre la inversión original en vehículos eléctricos, en contraste con el máximo de 175.000 pesos para vehículos convencionales. 

En 2020, se emitió un decreto que modificó la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, eximiendo a los vehículos eléctricos nuevos del pago de aranceles y ofreciendo reducciones para los usados. Una medida que pretende facilitar la entrada de vehículos eléctricos al país, haciendo más accesible su compra.

A nivel estatal, hay varios incentivos adicionales. En algunos estados, los vehículos eléctricos están exentos del pago de la tenencia: en el Estado de México, no se paga esta tarifa durante los primeros cinco años, y luego se aplica un descuento del 50%. 

Asimismo, los autos eléctricos están libres de la Verificación Ambiental y del programa Hoy No Circula, lo que les permite moverse sin restricciones.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) también juega un rol clave, ofreciendo ventajas arancelarias y regulaciones favorables. 

Esto no solo reduce los costos de importación y exportación, sino que también permite a las empresas mexicanas ofrecer precios más competitivos en el mercado global, fomentando un entorno propicio para la producción de vehículos eléctricos en América del Norte.

Aparte, se destacan otras normativas como la Ley de Transición Energética (LTE) que establece metas para la reducción de emisiones y promueve el uso de energías limpias, incluyendo la movilidad eléctrica. 

Por otro lado, la Ley de Industria Eléctrica regula la generación, transmisión, distribución y venta de electricidad, incluyendo la infraestructura de carga para vehículos eléctricos. 

Mientras que la NOM-001-SEDE-2020 es una norma oficial mexicana que establece los requisitos técnicos para la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Dicha normativa asegura que las estaciones de carga cumplan con estándares de seguridad y eficiencia, un eje fundamental para ganar la confianza de los usuarios y fomentar el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos.

Argentina

Argentina se encuentra en una fase prematura en cuanto a su marco regulatorio para impulsar la electromovilidad. 

Aquí, cabe mencionar la Ley 27.191 de Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía que establece beneficios fiscales para la importación de vehículos eléctricos y componentes. 

A su vez, el decreto 331/2017 reglamenta esta ley y establece los requisitos para acceder a estos beneficios. 

No obstante, el Proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable, que propone un marco integral de incentivos, actualmente se encuentra en stand-by.

Pero, lo cierto es que para fomentar la utilización y comercialización de vehículos amigables con el medio ambiente, 13 distritos del país eliminaron o redujeron el Impuesto a la Radicación del Automotor, también conocido como patente, para vehículos eléctricos, híbridos y a hidrógeno. 

En ciudades como Buenos Aires, Neuquén, Entre Ríos, La Plata, Mendoza, Río Grande, Río Negro, San Juan, San Salvador de Jujuy, Santa Fe y Ushuaia, los vehículos eléctricos están exentos del arancel, mientras que en Chubut y San Luis se ofrece un descuento.