A inicios del 2023, Portal Movilidad dialogó con Parménides Gonzáles Cruz, fundador y gerente de Ingeniería Planeamiento y Gerencia (IPG S.A.), empresa que comenzaría el ensamblaje de baterías para vehículos eléctricos este año. Sin embargo, la iniciativa se encuentra detenida debido a dificultades por parte del principal inversor. 

El objetivo de IPG S.A es importar celdas 18-650 de China y ensamblar baterías con tamaños y capacidades específicas, pensadas para diferentes vehículos convertidos a través de retrofit. 

La planta se espera que esté operativa hacia fin de año, si es que el socio argentino logra enviar el millón de dólares faltante dentro de su inversión.

“La inversión inicial es de un millón de dólares para comprar los equipos de fabricación y las primeras celdas, y comenzar la producción de armado local», indica Gonzáles Cruz a Portal Movilidad. 

Si bien el inversor ya ha enviado una parte de las divisas, la fábrica aún no puede avanzar como estaba previsto dado que la transacción está bloqueada, en el marco de una Argentina con escasez de dólares. 

“En Argentina la situación es muy complicada, no se pueden conseguir dólares. Esto es muy lamentable, ya que ha hecho que el proyecto se paralice”, agrega el fundador de IPG S.A.

El diseño de producción, el socio restante, incluso los clientes están en marcha al igual que los terrenos para la construcción del condominio, pero si la financiación no es enviada desde Argentina el retraso continuará hasta 2024. 

El producto final implica packs de baterías de 72, 96, 144 y hasta 350 voltios listos para ser insertados en los vehículos. 

En la misma línea, estiman una producción para flotas en masa, que concentra desde montacargas, camionetas y automóviles particulares hasta “yates”.

A su vez, esperan producir volúmenes de baterías en primera instancia para Centroamérica, y luego expandirse a todo Latinoamérica.

“Produciremos para toda Centroamérica y América del Sur porque creemos que todos van a requerir baterías finalmente, de litio o sodio. Serán necesarias para la transición de los vehículos”.

IPG S.A  en la presentación del BWU X3 en Congreso Internacional en Panamá.

Una vez instalada la fábrica, estiman convertir alrededor de 5.000 vehículos en el plazo de un año.

Más allá de las baterías: Los proyectos asociados de IPG S.A 

La compañía, que comenzó a realizar retrofit en el 2019, analiza la posibilidad de cerrar un acuerdo con una asociación de buses escolares para transformar sus unidades diésel en eléctricas. 

Vale mencionar que la flota está compuesta por más de 1.000 buses.

Además, estaría en agenda realizar la transición de cerca de 45.000 taxis de una asociación local. 

“Vamos a empezar por un prototipo modelo hacia fines de julio para dicha asociación. La idea es convertir la mayor parte de la flota”, agrega Gonzáles Cruz.

En ese sentido, convertir esas unidades tendría un costo de aproximadamente 5.000 mil dólares contra la compra de un nuevo automóvil eléctrico a casi 20.000 mil dólares.

“La ventaja en el retrofit es la inversión y terminaría siendo favorecedor para los taxistas ya que verían un ahorro de cerca de 30 dólares diarios en combustible”, indica.

Retrofit en Panamá

El retrofit implica enfatizar en un marco regulatorio, especialmente por temas técnicos y de seguridad. En ese sentido, Panamá está avanzado.

Si bien no hay incentivos financieros para retrofit, la ley permite la conversión de vehículos, contemplando normas de seguridad y la idoneidad de los profesionales. 

“Faltan algunas normas de seguridad todavía y el tema de idoneidad de los profesionales lo estamos trabajando con la Universidad y la Junta Técnica para poder otorgar a personal capacitado”, sostiene Gonzáles Cruz.

Y concluye: “El Estado está activo con la transición hacia la movilidad eléctrica”. 

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