La auditoría abarcará a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros y otras entidades municipales involucradas en el proceso de compra de los trolebuses para la capital ecuatoriana.

A través de la red social X, los ediles informaron sobre el proceso de control al convenio firmado entre la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS (intermediario), relacionado con la adquisición de 60 trolebuses 100 % eléctricos.

El comunicado también señala que, a raíz de una solicitud presentada el 4 de septiembre de 2024 por el concejal del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Andrés Campaña, se ordenó a la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Autónomos Descentralizados que incluya dicho proceso en una acción de control programada para el 1 de mayo de 2025.

Por qué se auditará la compra de trolebuses eléctricos

La intervención del organismo de control responde a un pedido formal de seis concejales Michael Aulestia, Wilson Merino, Sandra Hidalgo, Fidel Chamba, Cristina López y Andrés Campaña, quienes cuestionan la legalidad del modelo contractual utilizado en la operación.

Según los ediles, existen irregularidades tanto en el proceso de adquisición como en la ejecución del proyecto.

De acuerdo con los documentos disponibles, la Empresa de Pasajeros gestionó la compra a través de un contrato con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que actuó como intermediaria.

Esta agencia fue la encargada de suscribir el contrato con la firma china Yutong, fabricante de los vehículos. El valor total de la operación fue de 35,3 millones de dólares, informa el portal Expreso.

Cuestionamientos legales

El concejal Wilson Merino asegura que el Municipio no cumplió con dos de los tres requisitos establecidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento.

Según el edil, no hubo financiamiento parcial ni total por parte de la organización internacional, lo que contraviene las normas que rigen las contrataciones a través de agencias multilaterales. “En esencia, se utilizó una figura legal que no correspondía a este tipo de operación”, afirmó.

En esa línea, el concejal Andrés Campaña señaló que aún no se conocen los términos del contrato firmado entre Unops y Yutong para la compra de los trolebuses, pese a tratarse de una compra destinada al sistema de transporte público de la ciudad.

“No hay transparencia en una adquisición que involucra recursos municipales”, apuntó.

El concejal Michael Aulestia, otro de los firmantes de la solicitud ante la Contraloría, indicó que la Empresa de Pasajeros no ha entregado los documentos requeridos, a pesar de múltiples pedidos formales.

Aulestia explicó que el objetivo de la auditoría es determinar si los aproximadamente USD 36 millones transferidos a Unops fueron entregados de forma legal, o si existen indicios de mal manejo que podrían configurar un delito de peculado.

“Si no existe un sustento legal sólido en el convenio firmado con la agencia internacional, debemos hablar de la posibilidad de un presunto delito”, advirtió.

Problemas técnicos y ejecución deficiente

Más allá de los cuestionamientos legales, los concejales también alertaron sobre problemas en la implementación del proyecto.

Aulestia denunció inconsistencias en la adecuación de la infraestructura para los nuevos trolebuses, especialmente en el tramo entre El Recreo y Quitumbe. Los errores en la alineación de las paradas han provocado desajustes entre los vehículos y los andenes, lo que afecta directamente la operación.

También se han registrado fallas en el tendido eléctrico, que han provocado desconexiones durante el servicio.

Según el concejal, los nuevos trolebuses, al ser más altos que los modelos anteriores, han presentado dificultades para circular por debajo del puente del Guambra y en la estación de la Villaflora, lo que pone en entredicho la planificación técnica del proyecto.

La compra de los trolebuses eléctricos fue anunciada por la administración municipal como un avance en la modernización del sistema de transporte público de Quito, ahora cuestionado.