Pamela Mendieta Molina, Subsecretaria de transporte y obras públicas, asistió a la comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, presidida por Daniel Novoa Azín, para abordar proyectos de ley para fomentar la electromovilidad.
Allí abordó dos puntos sobre la movilidad eléctrica a nivel nacional: buses eléctricos y micromovilidad.
“Decimos sí a la movilidad eléctrica, pero reconozcamos que en el Ecuador en sus 221 cantones, casi 200 son muy pequeños. Hoy por hoy al sector transportista le es muy complejo comprar un bus”, indica Mendieta Molina.
Y aclara: “Los mismos cuestan alrededor de 150 mil o 200 mil dólares y los eléctricos pueden estar entre 350 mil y 400 mil dólares. No será un cambio inmediato”.
Por su parte, sostiene que es un tema que se está conversando con el Ministerio de Energía y Minas. Asumen también que se está considerando la modificación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para incluir puntos sobre movilidad eléctrica.
Por otro lado, el ejecutivo indica a la comisión que “hay que actualizar” al proyecto de ley de fomento de la movilidad sostenible y desarrollo de la electromovilidad presentado por la ex asambleísta Elizabeth Cabezas.
El mismo fue presentado hace cuatro años y, según la subsecretaria, este debe ser ajustado teniendo en cuenta la Ley de Eficiencia Energética, también emitida en el año 2019.
“La eficiencia energética no se refiere linealmente a la electromovilidad y hay que discutirlo”, afirma Mendieta Molina.
En relación a la micromovilidad, la subsecretaria reconoce que “no alcanza” con permitirla o normarla. Particularmente se refirió a la utilización de scooters.
“Debe garantizarse infraestructura segura, y que la velocidad sea pertinente. Está en manos de los gobiernos descentralizados”, expresa.
Otro punto puesto sobre la mesa por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el de las tarifas.
“Tiene que haber una transformación en el modelo de gestión del transporte público. Estamos trabajando en ello y la invitación a la movilidad eléctrica puede ser un catalizador que nos permita repensar y cambiar el sistema”, manifiesta Mendieta.

Diana Pesantes, asambleista integrante de la comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa
La asambleísta Diana Pesantes, por su parte, expresa su preocupación por la “falta de planificación integral” que existe en torno a este tema. En ese sentido, la legisladora demandó a la delegada del ministerio que se exprese un plan de acción.
Cabe mencionar que Ecuador finalizó su 2022 sin cumplir las metas para el avance en la transición vehicular. Entre los puntos sin cumplir, se encuentra la no sanción de una ley para el fomento y la regulación de la electromovilidad.
Así lo indica el primer eje determinado en la ENEM que refiere a “Gobernanza y política pública”, donde en su página Nº 17, se disponen dos acciones que las autoridades nacionales debieran realizar finalizado el 2022.
A su vez, la hoja de ruta dispone la conformación de programas para el reemplazo de flotas con vehículos electrificados.
Sobre este punto el Ministerio de Energía y Minas trabaja en un plan que incorpora vehículos eléctricos en flotas de distribuidoras y generadoras de energía, aunque no se ha concretado hasta el momento.
En sus otros puntos, el eje indica la creación de líneas de crédito y la disposición de incentivos económicos y no económicos para la compra de vehículos cero emisiones.
Si bien ha habido promesas de generar tarifas diferenciadas para la carga, no se detectan medidas nacionales en este sentido.
Cabe recordar que, desde el 2015, los rodados electrificados no abonan aranceles como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o Impuesto a Consumos Especiales (ICE).