En un nuevo paso hacia mejorar la experiencia de los pasajeros de la región chilena de Coquimbo -lo que incluye fomentar el transporte sostenible en el tejido urbano- ya circula una cuarta flota de buses eléctricos que cuenta con 42 buses estándar Red.

Estos están equipados con tecnología de punta, como GPS, aire acondicionado, WiFi, puertos USB, cámaras de seguridad y accesibilidad universal, ofreciendo una experiencia de viaje más cómoda y segura para los pasajeros según informa la empresa pública.

Por primera vez en la Región de Coquimbo, además los usuarios pueden planificar sus viajes en tiempo real gracias a que los nuevos buses están integrados en la aplicación Red Regional, cuyo sistema de recaudo electrónico permite un pago de pasajes más seguro y eficiente en toda la flota.

La tecnología, aliada del transporte sostenible

Cabe recordar que la aplicación Red Regional está disponible para los sistemas operativos Android e iOS. En ella, los usuarios pueden visualizar los recorridos disponibles dentro de la conurbación y obtener información clave para sus viajes como las siguientes:

• Consulta en tiempo real: Permite informarse sobre los recorridos, los tiempos de demora y los paraderos disponibles en ambas rutas.

La app de Red ofrece monitoreo en tiempo real.

• Indicación del paradero más cercano: Una vez descargada la app, se debe autorizar la ubicación (GPS). El sistema indicará el paradero más cercano, junto con el tiempo estimado de llegada del bus.
• Detalles de los recorridos: Proporciona información sobre las paradas y el destino de cada línea, además de mostrar la placa patente del bus correspondiente.

Los buses eléctricos como política de estado

La Ley de Subsidio al Transporte Público que rige en el país desde 2023 cierra brechas entre la capital y las regiones, lo que permite una incorporación más rápida de buses eléctricos.

Óscar Moreno, encargado de Electromovilidad de la DTPR, detallaba a Mobility Portal Latam cómo esta normativa facilita la colaboración con gobiernos regionales y establece un marco claro para el financiamiento y operación de proyectos de electromovilidad.

“Nos permite, con nuestro presupuesto limitado, contar con más recursos a través de asociaciones con los gobiernos regionales”, detallaba sobre la dinámica que ya están aplicando en Magallanes, Aysén y Los Lagos, entre otras.

En Magallanes, por ejemplo, la normativa permite financiar el proceso de compra de buses eléctricos y el desarrollo de infraestructura de carga.

“Antes de la Ley de Subsidio, los trámites eran complejos y requerían convenios que se gestionan a nivel regional y nacional”, explicaba Moreno.

Respecto de los cambios puntuales que esta ley genera, ya que es un hecho que las regiones enfrentan ciertas barreras para desarrollar proyectos de transporte eléctrico a la misma velocidad que en Santiago, donde las regulaciones se alzaron de manera más robusta. la nueva normativa brinda un marco regulatorio más claro para la implementación de transporte público.

En primer lugar, el financiamiento es un punto de inflexión. El nuevo marco también impone mayores responsabilidades a los gobiernos regionales, obligándolos a gastar el 100% de los recursos asignados al transporte en tres áreas: renovación de flota, infraestructura y operación, y proyectos habilitantes, como paraderos inteligentes o centros de carga.

En tanto, para la renovación de flota e infraestructura y operación, se debe gastar al menos el 50% del total de los fondos.

“Antes, los gobiernos regionales no podían destinar recursos a la operación, lo que hacía más compleja la planificación», comenta Moreno.

Esto da lugar a crear asociaciones con los gobiernos regionales.

Así lo explicaba el directivo: “Con esta nueva regulación y la forma en que llevamos adelante los concursos —donde pagamos contra el servicio y la operación, independientemente de si incluye infraestructura o no—, tenemos muchas más posibilidades de asociarnos con ellos”.

De hecho, los contratos podrían extenderse hasta por 8 años o más, lo que, según Moreno, «da mayor seguridad a los inversores y financistas de los próximos concursos».

Estos acuerdos, junto con la disponibilidad de fondos regionales hasta 2032, permitirán acelerar los proyectos de electromovilidad en las distintas ciudades de Chile.