El 2025 es un punto de inflexión para la Ley de Electromovilidad en Colombia.

Con plazos clave a la vuelta de la esquina, el país debe acelerar la implementación de medidas fundamentales para el crecimiento del sector del transporte sostenible que se declararon en 2019.

Si bien hay avances significativos, la realidad es que el despliegue de infraestructura, la electrificación del transporte público y la aplicación de incentivos aún faltan madurar.

Con el reloj en cuenta regresiva, ¿será este el año en que Colombia cumpla sus compromisos en electromovilidad o será otro plazo incumplido en la agenda ambiental del país? 

El transporte público debe electrificarse: ¿llegará al 10% con la Ley de Electromovilidad?

Uno de los compromisos más relevantes de la Ley de Electromovilidad es la electrificación progresiva del transporte público. 

A partir de 2025, al menos el 10% de los vehículos adquiridos por los sistemas de transporte masivo deben ser eléctricos o de cero emisiones.

Ciudades como Bogotá y Medellín marcan el paso con la incorporación de flotas eléctricas en su transporte público. 

Sin embargo, en otras regiones, la electrificación avanza lentamente debido a la falta de incentivos, financiamiento y oferta de vehículos eléctricos en el país.

Tal es el caso de Cali.

Desde hace años, el sistema de transporte masivo de Cali enfrenta serias dificultades, principalmente por problemas financieros que afectan su servicio.

Los incumplimientos de pagos con los operadores llevaron al Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO a una deuda significativa, estimada en 80 mil millones de pesos. 

Esto puso en riesgo la continuidad de las flotas activas, incluyendo aquellas compuestas por buses eléctricos.

Al respecto, Eder, quien asumió la Alcaldía de la ciudad en 2024, aseguró que una de sus primeras medidas fue saldar las deudas del MIO con Metrocali, ente gestor.

También aseguró la llegada de más de 100 buses eléctricos a la ciudad.

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A su vez, Transmilenio llamó inversores para licitación de 296 buses articulados cero y bajas emisiones, la flota más grande del mundo.

A través de un proceso de selección público, se espera que el concesionario desarrolle su propio diseño e implemente la solución más eficiente para satisfacer las necesidades operacionales del sistema en relación a la electromovilidad.

Estaciones de carga rápida: la deuda pendiente

Otro de los puntos críticos para 2025 es la instalación de cinco estaciones de carga rápida en cada municipio de categoría especial (excluyendo Tumaco y Buenaventura), mientras que Bogotá debe garantizar al menos 20 puntos de carga rápida operativos.

En 2019, la Ley estableció un plazo de tres años para que todos los municipios especiales implementarán estaciones de carga rápida.

Si bien hay empresas privadas que impulsaron algunas estaciones, la implementación masiva de estos puntos sigue siendo un reto, en gran parte por la falta de políticas claras y trabas en la regulación.

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Beneficios e incentivos para la electromovilidad: avances y retrasos

La Ley de Electromovilidad contempla una serie de incentivos para fomentar la adopción de vehículos eléctricos, incluyendo:

• Descuento del 10% en el SOAT para vehículos eléctricos: Algunas aseguradoras han aplicado la medida, pero el acceso a este beneficio no está garantizado de manera uniforme en todo el país.
• Exención del pico y placa y día sin carro: En ciudades como Bogotá y Medellín, los vehículos eléctricos están exentos de estas restricciones, pero en otras localidades la aplicación aún es parcial.
• Parqueaderos exclusivos: La norma establece que el 2% de los espacios en establecimientos comerciales y entidades públicas deben ser para vehículos eléctricos, pero la implementación aún es limitada.